A las 11 de la mañana del 10 de octubre se presentó la Policía en la pizzeria de un ciudadano cubano con el fin de registrar el lugar ya que se había recibido una denuncia anónima de que este restaurante estaba funcionando a pesar de que estaba prohibido que se hiciera uso de harina por cuenta propia debido a que este alimento estaba escaso en el país. El propietario tenía todas las facturas reglamentarias por la compra de la harina y el queso en La Habana. Sin embargo, por orden del Delegado del Ministerio de Interior, el propietario de la pizzería fue detenido arbitrariamente y conducido a la estación de la Policía. Además, le confiscaron toda la materia prima que tenía en ese momento y que había obtenido de manera legal.