Un activista, prisionero político de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) quien se encuentra recluido en la prisión provincial de Granma, denuncia que a otro prisionero político del 11 de julio le estaban violentando el derecho a la asistencia médica. Debido a esta denuncia lo llevaron a un examen disciplinario donde le impusieron como medida disciplinaria la suspensión del derecho al teléfono por espacio de dos meses.