A las 10:30 am, la joven cuentapropista Gisela Padin Perera, activista del Sindicato de Cuentapropistas Independientes (SCPI) se encontraba vendiendo en su carrito en la calle Pepe Portilla, lugar donde trabaja hace más de 5 años. De repente se parqueó a su lado el auto patrullero no. 109, de donde se bajaron dos policías pidiéndole la patente de vendedora. Al mostrar y explicarles que ella lleva muchos años vendiendo en ese lugar y que nunca ha tenido problema, la policía le arrebata la patente y le dice que la espera en la unidad de la policía. La joven les dijo que la policía no estaba autorizada a quitar el patente y que era abuso de poder y extremismo. Esto enojó a ambos policías y la detuvieron montándola en el auto patrullero. Esta acción provocó que su esposo, que también es cuentapropista y el representante del Sindicato de Cuentapropistas Independientes, salió en su defensa tratando de explicar que ellos están autorizados por el Consejo de la Administración Popular. Su marido fue esposado y los dos fueron llevados para la Unidad Municipal de la Policía de Pinar del Río. Allí, Gisela fue multada con 700 pesos por el Decreto 315 y recibió la amenaza que si volvía a vender parada en un lugar fijo, no correría con la misma suerte y le retirarían la patente por siempre.