La víctima está desempleada desde el año 2010. Solía trabajar en el campo, pero la policía política presionó al dueño del terreno para que le expulsase, ya que la víctima criticaba el gobierno abiertamente, reclamando públicamente derechos como la libertad de expresión. La víctima intentó encontrar trabajo con otros campesinos y en La Habana, pero nadie quiso darle trabajo. Los dueños cuentapropistas en lugares dónde parecía que le iban a emplear, al final, le decían que no podían darle trabajo porque no les convenía, sin darle motivos más específicos. La víctima sigue sin poder encontrar trabajo ni con los cuentapropistas ni con el estado, por lo cual tiene una vida muy precaria y sin seguridad ninguna.