Coordinadora nacional de derechos humanos del Partido Unión Por Cuba Libre (PUNCLI) y gestora del proyecto Emila en la provincia de Artemisa. Esta activista fue citada verbalmente a comparecer en la estación policial de San Antonio de los "Baños", con el objetivo de ser entrevistada. En la estación policía fue interrogada por un agente de la seguridad del Estado, este oficial comenzó proponiéndole un negocio con ventajas para ella, para que dejara de ser miembro del PUNCLI y del proyecto Emilia. Le pidió que no siguiera al el líder nacional del Proyecto Emilia, ni a quien es el presidente del PUNCLI y gestor del proyecto Emilia ademas del coordinador nacional de organización del PUNCLI también gestor del Proyecto Emilia. El militar terminó el interrogatorio diciéndole que si no accedía a dejar el PUNCLI y el Proyecto Emilia sería fuertemente reprimida por ello.