Un ciudadano fue arrestado en virtud de su participación en las protestas populares del 11 de julio en La Güinera. Fue llevado a la estación de policía de Capri y al día siguiente a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde perdió la noción del tiempo debido a que fue interrogado a cualquier hora del día o incluso de la madrugada. Fue acusado de desórdenes públicos, sin embargo la petición fiscal fue cambiada por 22 años de prisión por el delito de sedición, aunque fue condenado a 23 años de privación de libertad.