En horas de la tarde el día 10 de diciembre de 2020 la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Aidé Galván Casal fue víctima de maltratos verbales por parte de la presidenta del Comité de la Defensa de la Revolución (CDR) del barrio donde Aidé vive de Marta Jiménez Campo y del jefe de vigilancia Julián Ruiz Rojas. Estas personas por órdenes de la Seguridad del Estado se enfrentaron a la activista cuando ésta salió de su casa a poner un letrero que decía: “¡Qué vivan los derechos humanos!” Estas personas al ver que la activista puso el letrero, se pararon frente a su casa a gritar improperios contra ella. La activista salió y le dijo que el gobierno estaba celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos y que el día 10 de diciembre era una fecha que se celebra al nivel mundial y que ella podía poner en las paredes de su casa lo que a ella le diera la gana. La Seguridad del Estado utiliza a personas comunes para organizar los actos de repudio contra los activistas de derechos humanos cuando éstos realizan cualquier tipo de actos de desobediencia o protesta pacífica. Estos actos de repudio violan el artículo # 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al no permitir que la población cubana y la sociedad civil pueda realizar o festejar fechas como éstas sin temor a ser agredidos. El artículo # 5 de la ya mencionada declaración expresa que nadie será sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esas personas por órdenes de la Seguridad del Estado trataron de humillar e intimidar a la activista Aidé Galván Casal. Esta activista, pese a su edad, siempre se ha mantenido firme a sus principio de lucha contra la dictadura y esa postura le ha traído el ensaño de la Seguridad del Estado. Sus hijos y nietos también han tenido que cumplir largas condenas en prisión por delitos que no han cometido.