La activista Adriana Núñez Pascual, que estuvo detenida por dos meses, pide ayuda legal sobre su posible enjuiciamiento. Después de que le dieron la libertad pensó que no tendría ninguna trascendencia jurídica, porque ningún funcionario le advirtió que contratara abogado. Ahora está acusada por un delito de amenazas y según la petición fiscal le piden dos años y cuatro meses de prisión.