El 15 de febrero el activista Lidier Hernández Sotolongo y su esposa registraron su equipaje en el Aeropuerto Internacional José Martí para abordar el vuelo de regreso a Uruguay. Cuando el activista se presentó en la cabina, se les informó que tenían que esperar. El activista no dio ni siquiera tres pasos antes de que un oficial vestido de civil le pidiera inmediatamente que le acompañaran a una oficina donde les presentó a un oficial que se identificó como el Mayor Angel y le dijo a la víctima que era el jefe de inmigración del aeropuerto. Este oficial le informa que no podrá volar porque en el sistema aparece una prohibición de salida del territorio nacional y que debía averiguar sobre su situación legal en Cuba. El lunes 17 de febrero la víctima viajó a Cienfuegos en compañía de una prima, quien lo acompañó por temor a lo que le pudiera suceder. Llegaron a las oficinas de inmigración alrededor de las 10 de la mañana donde la víctima pidió ver al inspector de inmigración, luego de esperar varias horas finalmente el agente estatal lo atiende pero no le dijo a la víctima cuánto tiempo ha estado regulado, ni desde cuándo o ni por qué no se le permite salir. Después de varios desvíos le dijo al activista: "compadre, usted sabe que si sabemos que va a hacer manifestaciones en Uruguay, podemos prohibirle salir de Cuba".