El defensor de derechos humanos y abogado independiente Rigoberto González Vigoa se encontraba asistiendo a un amigo en el Hospital Abel Santamaría en la Provincia de Pinar del Río. Ahí fue capturado por el oficial de la Seguridad del Estado Juan Pérez, y fue conducido a una oficina del mismo hospital. En ese lugar lo amenazó y le dejó bien claro que iba a tomar represalias con su familia si no colaboraba o se retiraba de las asistencias a las víctimas y que no lo quería ver otra vez dando capacitación a otros activistas de derechos humanos. Este interrogatorio ilegal bajo amenaza y represalias duró una hora y media, donde el abogado expresó que seguirá haciendo lo que su corazón decida que es ayudar a todas las personas que requieran de su apoyo. El oficial le respondió que no iba a tener condolencia con él y que le iba a pasar como a otros defensores que lo arrestrarían y lo meterían a prisión por cualquier delito.