A Luis Emilio Serrano Peréz le realizaron una comprobación económica, llevada por el policía económico Pedro Álvarez Díaz. Álvarez le detectó 5 traslados de mercancías que no tenían entrada a su destino, y eso aunque Luis tiene la documentación primaria del almacén donde se encuentran dichos traslados autorizados y firmados por el jefe de servicio de la UBGD Roberto Ochoa y el administrador Hermes Vargas. El expediente del caso fue presentado en el Ministerio del Interior (MININT) para formular un proceso judicial. Ochoa, Vargas y Serrano Pérez fueron detenidos y conducidos para la unidad de Operaciones, donde permanecieron por 4 días, luego de ser liberados con una fianza por el valor de 1000 pesos y separados de sus cargos laborales mientras durara la investigación. La policía dejó como responsable a Luis, el cual no tiene autoridad para dichos traslados. El día 11 de marzo le realizaron el juicio donde le pidieron 9 años de privación de libertad por el supuesto delito de malversación, por lo que este apeló al tribunal supremo.