El denunciante está inmerso en el proceso de legalización de su vivienda desde el año 2007, cuando tanto el Tribunal Provincial como el Supremo Popular fallaron a su favor basándose en el artículo 78 de la Ley General de la Vivienda. Y es entonces cuando sus documentos fueron trasladados a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Palma Soriano, donde se determinó la entrega de la propiedad. Sin embargo, tal entrega sigue pendiente ya que, según la letrada de la vivienda, Susel Castillo, los documentos en cuestión permanecen en posesión del Presidente de la Asamblea Municipal, D. Israel La Era Bonsua, no reconociendo éste el fallo a favor del denunciante por parte del Tribunal Provinciales y del Supremo Popular. De acuerdo con lo comunicado por el oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, Domingo, el denunciante no recibe su vivienda con motivo de su activismo político.