En fecha 28 de mayo de 2013 el Departamento de inversiones y Control Territorial Instituto de Planificación Física, específicamente el actuante Denis Nieves (no dice el cargo que ocupa dentro de la institución) le ordenó a ella y a su esposo, Raúl Cantillo López, en virtud del artículo 8.1 inciso C), decreto 272, paralizar las acciones constructivas y auto demoler su vivienda en un plazo de 15 días hábiles, le advierte que por el Decreto 272/2001 será puesta a disposición de la comisión municipal de enfrentamiento a las ilegalidades para ejecución del desalojo forzoso Rosario Rojas Rodríguez, padece Lupus Eritematoso Sistémico, y carcinoma Cervical. La situación medioambiental (referente a su vivienda y su futuro incierto), influye negativamente en el organismo de la persona. El stress por el que transita diariamente dado por las amenazas respecto al posible desalojo forzoso de nuestra vivienda, afecta seriamente su sistema inmunológico, y consigo agravan su estado de salud, ensombrecen su recuperación, actúa como detonante a la descompensación de su enfermedad de base y pone en peligro, a mediano plazo, la vida del individuo. Desde el punto de vista psicológico ha tenido varios intentos suicidas, ha sido valorada en múltiples ocasiones por especialistas, quienes atribuyen tal descompensación emocional al factor social crítico por el cual cursa. Actualmente no puede recibir la dieta medica porque no tiene reconocido u domicilio legal en la Habana, lo que le impide inscribirse en el registro de consumidores y recibir la cuota racionada que reciben todos los cubanos en su lugar de residencia. El Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana”, restringe la libertad de circulación a cubanos residentes en otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Este ordenamiento impone multas y la obligación de retornar al lugar de origen. Su aplicación viola el derecho de igualdad, no discriminación, trabajo y educación. Los centros laborales no contratan y las escuelas no matriculan, si el ciudadano, sea niño o adulto, no tiene la dirección en La Habana . Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial. Las mujeres, los niños, y los ancianos, se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda. Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación, incluida la violencia institucional. El Estado cubano ratificó Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que en su artículo 12 relativos a la salud de la mujer vinculado conel apartado h) del párrafo 2 del artículo 14, que obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones, sectores todos ellos primordiales para prevenir las enfermedades y fomentar una buena atención médica. Fue amenazada con la expulsion del hogar.