Mientras el señor Juan Salvador Ramírez Oliva estaba recluido en un centro penitenciario, la Delegada Gladys, haciendo uso de facultades que no le correspondían, entregó la vivienda de la víctima en calidad de propiedad a otra persona de su elección. Al ser puesto en libertad, la víctima y su hermano comenzaron la reclamación de la propiedad por vía legal ante todas las instancias e instituciones reglamentadas para esos asuntos, con resultados infructuosos en todas las instancias. La victima cuenta con los documentos probatorios que legitiman du derecho de propiedad, así como las copias de muchas de las reclamaciones que ha realizado. Pasados más de 14 años de reclamaciones, aún no han podido recuperar su propiedad.