La víctima es madre de uno de los presos políticos por las manifestaciones del 11 de julio y su actitud ha sido contestataria ante las autoridades. Por esta razón ha sido víctima de vigilancia permanente por parte del gobierno en su vivienda y en zonas que suele transitar. Se le han aplicado medidas como detenciones domiciliarias, actos de violencia verbal y física, coacción, amenazas y limitación de la comunicación por internet. Una vez le decomisaron una donación de alimentos que guardaba. Incluso, se han amenazado a familiares y amigos de ella para evitar que se relacionen con la víctima.

Se le ha citado de forma verbal por parte del Minint y la Seguridad de Estado en reiteradas ocasiones.